Controles de precio, no. Apoyo alimentario, sí.

El alza de precios del maíz y frijol en El Salvador ha generado reclamos por parte de los consumidores y reacciones por parte del gobierno.  Esta semana, el Ministro de Agricultura y Ganadería declaró que “Yo no soy amigo de la regulación de precios, pero el Estado tiene que tomar medidas y en su momento las vamos a anunciar”.

La plataforma presidencial El Salvador Adelante, contempla como una de sus medidas “Fortalecer [el] Programa…Técnico a la Producción de Alimentos (granos básicos, frutas, verduras, lácteos, entre otros)…para progresar hacia el autoabastecimiento, la permanente disponibilidad de los productos y adecuados mecanismos de comercialización que garanticen precios estables y justos” (énfasis propio).

Esta propuesta genera varias inquietudes:  ¿Qué es un precio “justo”?  ¿Quién lo define?  ¿Cómo se puede garantizar?

Si se está hablando de controles de precios, si el precio dictaminado es inferior al precio de equilibrio del mercado, genera un desincentivo para la producción, ya que el productor recibe un precio menor al precio que normalmente esté dispuesto a recibir.  La menor producción resulta en escasez, generando la necesidad de importar o de que los consumidores sencillamente no logran adquirir el volumen que quieren. (Para más detalle sobre las inconveniencias e implicaciones de controles de precios, recomiendo esta publicación de la FAO. También puede conocer los casos específicos de Argentina, Venezuela y Panamá).

Si se está hablando de un sistema donde el gobierno participa en el mercado, comprando caro y vendiendo barato, este mecanismo también presenta dificultades.  En un post anterior, discutimos las fallas en el pasado Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) en términos de su alto costo al fisco, su ineficiencia y como un ambiente propicio para la corrupción.

Ambas opciones carecen de un principio básico de una política social eficiente – la focalización.  Un precio controlado que supuestamente busca ofrecer un producto a un menor precio, lo ofrece para todos los consumidores, incluso los de mayores ingresos.  Con las dificultades fiscales actuales, el país no puede darse el lujo de crear políticas sociales no focalizadas.  Como sociedad solidaria, existe una responsabilidad para apoyar a las familias más vulnerables, pero esa ayuda no debe extenderse a las personas que realmente no necesitan el beneficio, como ha sucedido con otros subsidios como a la electricidad y al gas propano que son recibidos por más del 80% de la población.

Una mejor opción

Entonces, ¿cuál es la forma más eficiente y eficaz para apoyar a las familias más vulnerables para asegurar su buena nutrición?  Primero, un principio fundamental: “Cualquier programa de subsidio de alimentos para sectores en extrema pobreza debe ser canalizado directamente por la estrategia social y no a través de una distorsión de precios que daña seriamente al sector”, como dijo Fusades en 1989.

Dicha estrategia social puede contemplar un programa para apoyar la seguridad alimentaria de diferentes grupos según su nivel de pobreza, por ejemplo, las familias en pobreza extrema o el 40% más pobre de la población, o puede tomar en cuenta también otros factores, como familias en pobreza relativa con mujeres embarazadas o lactantes, niños menores a 5 años, o personas con discapacidades, etc., etc.  Para su funcionamiento, podemos ver el ejemplo de la República Dominicana, con su programa “Comer es Primero”, que por medio de una tarjeta de débito, la Tarjeta Solidaridad, los beneficiarios del programa pueden comprar una cierta canasta de alimentos a un precio subsidiado en establecimientos comerciales participantes (supermercados, tiendas, etc.).  Panamá recien ha iniciado un programa semejante.  Otro ejemplo es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Estados Unidos.  Para efectos nuestros, el nivel de subsidio también puede variar según el nivel de pobreza del hogar.

La ventaja del sistema es que permite una focalización muy específica del apoyo, y no distorsiona el mercado al no manipular precios para el mercado global.  No debe adolecer de las ineficiencias que un sistema de venta estatal de alimentos puede tener.  Su inversión puede provenir de una reorientación de subsidios no focalizados existentes.

En El Salvador, ya existen adelantos institucionales para este tipo de sistema.  Se cuenta con el Registro Único de Participantes (RUP), una herramienta del Sistema de Protección Social Universal (SPSU), que contiene información socioeconómica de los hogares en el sistema.  También se cuenta con la Tarjeta Solidaria, que actualmente se utiliza para entregar el subsidio al gas a más de un millón de hogares en el punto de venta (ya ven, como dije, que es un subsidio no focalizado).  Dicha tarjeta puede usarse para entregar el subsidio alimentario focalizado.

Una reflexión final, la mejor política para alcanzar la seguridad alimentaria es por medio del crecimiento económico, para que las familias pueden aguantar mejor los vaivenes de precios de los alimentos.  En los países de mayores ingresos, cuando suceden alzas de precios de comida, se comenta y quizás la familia tiene que hacer ciertos ajustes en sus gastos, pero no es una crisis para la mayor parte de la población.

En los próximos posts, analizaremos opciones para ayudar a las familias productoras de granos en el corto y mediano plazo frente a los efectos de la sequía.

About amyangel5

Economista agrícola, analista del sector agropecuario salvadoreño y centroamericano.
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